Domingo 9 Agosto 2026
 
El juez federal Mario Elizondo Martínez dictó prisión preventiva oficiosa contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano por los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
El juzgador le negó tajantemente el beneficio de reclusión domiciliaria al considerar que existe riesgo de fuga, por lo que el exmandatario enfrentaría una posible condena de hasta setenta años de cárcel por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos la trágica noche del 26 de septiembre de 2014.
 
 Destrucción de evidencias y testimonios clave
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, la Fiscalía General de la República (FGR) sustentó su acusación en los testimonios de Blanca "N" y Lambertina "N", exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero.
 
Según la relatoría, el entonces gobernador ordenó ocultar y destruir un disco con videos que mostraban cómo policías de Iguala y hombres vestidos de civil obligaron a los normalistas del autobús 1531 a descender frente al Palacio de Justicia.
 
Dicha evidencia fue presuntamente entregada por Aguirre al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, para que "se hiciera cargo", antes de exigir a su círculo cercano la destrucción de todo rastro de los hechos.
 
 Silla de ruedas hipertensión y una conciencia tranquila
El exmandatario se presentó a la diligencia judicial en silla de ruedas, argumentando complicaciones de hipertensión derivadas de su detención; sin embargo, el juez determinó que no cumplía con los supuestos legales para acceder al arraigo domiciliario por edad o salud.
 
Al tomar la palabra, Aguirre Rivero lamentó lo ocurrido con los estudiantes, aseguró tener la "conciencia tranquila y en paz", y afirmó que demostrará que no tuvo nada que ver con la tragedia. Por su parte, la FGR ratificó que las investigaciones acreditan con plena evidencia su participación directa, junto a otros altos mandos estatales, en el ocultamiento de pistas vitales para dar con el paradero de los jóvenes.