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Con el propósito de incorporar formalmente la figura de la Contraloría Social en la ejecución de infraestructura y contratación de servicios, el diputado de Morena Homero Barrera Mcdonald ingresó a la Oficialía de Partes de la LXI Legislatura una iniciativa para reformar la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro. El legislador destacó que el objetivo principal es otorgar a la ciudadanía un papel activo en la vigilancia de los recursos públicos, permitiendo que los beneficiarios supervisen directamente las obras que se realizan en sus comunidades.
La propuesta establece la creación de Comités Ciudadanos de carácter 100% honorífico y voluntario, cuyas funciones y límites contemplan facultades de vigilancia como el acceso a información pública transparente sobre montos, plazos, avances y metas, la realización de visitas de observación presencial, la emisión de reportes sobre posibles retrasos y la participación como observadores en los actos de entrega-recepción. Asimismo, se establecen candados y limitaciones jurídicas estrictas para evitar parálisis administrativa, determinando que los comités no pueden suspender obras, modificar contratos, autorizar pagos ni sustituir a los supervisores técnicos o autoridades de fiscalización. La iniciativa también prevé cero impacto presupuestal al operar sin la creación de nuevas plazas o estructuras burocráticas, y un blindaje político que exige imparcialidad, independencia y neutralidad, prohibiendo el uso de estos comités con fines partidistas o electorales.
Finalmente, el diputado subrayó que este modelo busca cerrar vacíos normativos históricos en la entidad, previniendo irregularidades antes de que ocurran y homologando a Querétaro con esquemas exitosos de contraloría social ya implementados a nivel federal y en otros estados del país.
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