El senador de la República por Morena, Dr. Gilberto Herrera Ruiz, ha declarado que el gobierno estatal de Querétaro y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) han privatizado el agua, convirtiendo este derecho humano en un negocio lucrativo. Según el legislador, la reciente decisión de la Corte de no anular la ley que permite esta privatización subraya la necesidad urgente de reformar el Poder Judicial.
Herrera Ruiz criticó la ley actual, destacando que los derechos de los usuarios son mínimos, mientras que los privilegios de las empresas operadoras son excesivos y abusivos. Estas empresas tienen el poder de cobrar a la población por reparaciones que deberían cubrir ellas mismas, entrar a domicilios con fuerza pública para inspecciones y desconocer contratos para obligar a nuevas contrataciones.
El senador señaló que el gobernador Mauricio Kuri reconoció la privatización del agua poco después de que la ley fue aprobada. Además, mencionó que, al día siguiente de la aprobación, se otorgaron concesiones a la Inmobiliaria Plaza Querétaro y a la empresa Operadora Querétaro Moderno. Estas concesiones permiten la explotación de grandes volúmenes de agua a precios muy bajos, mientras las empresas obtienen enormes ganancias vendiendo el agua a precios mucho más altos.
La empresa Operadora Querétaro Moderno, por ejemplo, paga 2 millones de pesos al año por 2 millones de metros cúbicos de agua, pero vende cada metro cúbico a 220 pesos, obteniendo una ganancia anual de 440 millones de pesos. Esto implica una recuperación de la inversión más de 200 veces mayor cada año.
Herrera Ruiz aseguró que la bancada de la Cuarta Transformación, que llegará a la legislatura local, creará una nueva ley para garantizar el derecho humano al agua. Mientras tanto, advirtió a la ciudadanía que preste atención a las próximas sesiones de cabildo, ya que podrían entregarse más concesiones a largo plazo.
Esta situación ha generado gran controversia y malestar entre los ciudadanos y los políticos, subrayando la importancia de una legislación que priorice los derechos humanos sobre los intereses económicos.